1. Introducción
En febrero de 2025 Uruguay lanzó oficialmente su Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) nacional, incorporando por primera vez una herramienta estadística que permite monitorear la pobreza de forma integral, más allá del ingreso. Este nuevo indicador complementa las mediciones tradicionales de pobreza monetaria, ofreciendo una visión más amplia de las privaciones que afectan a los hogares en cinco dimensiones clave: educación, condiciones de vivienda, acceso a servicios básicos, protección social y empleo. Los primeros resultados revelaron que 18,9% de la población uruguaya vive en situación de pobreza multidimensional, es decir, experimenta carencias en al menos 4 de los 15 indicadores evaluados.
A continuación, se explica qué mide el IPM y cómo utilizarlo paso a paso en la gestión pública, ilustrando su aplicación práctica en sectores clave, así como experiencias comparadas de Uruguay y otros países latinoamericanos que implementan oficialmente índices multidimensionales.
2. ¿Qué es el IPM y qué mide?
El Índice de Pobreza Multidimensional es una medida estadística que identifica a los hogares que viven en pobreza más allá de la falta de ingresos, midiendo las privaciones simultáneas que padecen en distintas dimensiones del bienestar. A diferencia de la pobreza monetaria (que considera solo si el ingreso del hogar es suficiente para una canasta básica), el IPM observa múltiples carencias a la vez – por ejemplo, educación, vivienda, trabajo, protección social, entre otras – proporcionando una mirada más integral de la pobreza. El IPM no solo dice cuántas personas son pobres, sino quiénes son, cómo lo son y en qué aspectos específicos están en desventaja.
El IPM de Uruguay en particular evalúa cinco grandes dimensiones ya mencionadas (educación, vivienda, servicios básicos, protección social y empleo) a través de 15 indicadores concretos. Cada indicador refleja una condición básica de bienestar (por ejemplo, años de escolaridad de los adultos, calidad de la vivienda, hacinamiento, acceso a saneamiento, formalidad del empleo, entre otros). Un hogar se considera en pobreza multidimensional si acumula 4 o más privaciones de las 15 posibles. De este modo, el IPM capta situaciones de pobreza estructural: por ejemplo, un hogar rural puede tener ingresos ligeramente por encima de la línea de pobreza monetaria, pero carecer de saneamiento adecuado, vivir en vivienda precaria, con bajo nivel educativo y sin seguridad social; el IPM lo identificará como pobre multidimensional, mientras que la medición monetaria tradicional no.
¿Por qué es importante esta visión multidimensional? Porque visibiliza necesidades que antes podían pasar inadvertidas. Hay personas que no son pobres por ingresos, pero sí experimentan múltiples privaciones. Integrar ambas mediciones (monetaria y multidimensional) ofrece una imagen más completa y mejora la identificación de la población objetivo, enriqueciendo la formulación de políticas. En síntesis, el IPM permite entender la pobreza en todas sus facetas – educación, vivienda, empleo, etc. – tal como recomiendan los enfoques internacionales de desarrollo humano (OPHI y PNUD), superando la mirada unidimensional del ingreso.
3. Beneficios del IPM para la formulación de políticas públicas
Contar con un IPM nacional aporta diversas ventajas para el diseño y la gestión de políticas públicas.
Diseño de políticas basadas en evidencia. El IPM muestra las combinaciones de privaciones que afectan a la población, lo que permite diseñar intervenciones basadas en evidencia enfocadas en las carencias reales. Al saber exactamente cómo son pobres ciertos grupos (por ejemplo, si la mayor privación es en educación o en vivienda), las políticas pueden ser más pertinentes y específicas.
Focalización de intervenciones donde más se necesitan. Al desagregar el IPM por territorio, grupo etario, género u otros criterios, se identifican los lugares y grupos poblacionales más afectados por la pobreza y qué dimensiones explican esa situación. Esto posibilita dirigir recursos y programas hacia esas áreas críticas, optimizando el impacto. En palabras de OPHI y PNUD, los IPM nacionales (al estar alineados con políticas de desarrollo y permitir desagregaciones por grupos) son un efectivo instrumento de política pública para la erradicación de la pobreza, útil para monitoreo, seguimiento de objetivos y como herramienta de focalización de acciones.
Eficiencia en la asignación del gasto público. Al aclarar cuáles son las carencias más extendidas, el IPM ayuda a priorizar el gasto. Los gobiernos pueden reorientar presupuestos hacia sectores o regiones con mayores privaciones, evitando dispersión de recursos. Esto mejora la eficiencia del gasto social al asegurar que cada peso invertido atienda necesidades concretas identificadas por el índice.
Seguimiento y evaluación de resultados concretos. El IPM, calculado periódicamente, permite dar seguimiento detallado a la evolución de la pobreza multidimensional y evaluar con mayor precisión el impacto de las políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida. Si se implementa un programa (por ejemplo, de mejora habitacional o empleo) se podrá ver en los años siguientes si disminuye la privación correspondiente y reducir así el IPM, proporcionándonos una medida tangible de éxito o necesidad de ajuste.
Visión multisectorial y coordinación interinstitucional. La pobreza multidimensional trasciende la órbita de un solo ministerio – involucra educación, vivienda, trabajo, etc. El IPM fomenta la articulación multisectorial al alinear esfuerzos entre distintos sectores y niveles de gobierno hacia metas comunes de reducción de pobreza. Cada institución puede asumir responsabilidades claras sobre los indicadores relacionados a su sector, trabajando conjuntamente. Esta colaboración rompe con el enfoque aislado por sector y promueve soluciones integrales (por ejemplo, un programa que combine mejoras de vivienda con capacitación laboral en una zona específica).
En suma, el IPM provee a los tomadores de decisiones una “imagen más cualitativa” de la pobreza, revelando no solo cuántas personas son pobres sino de qué manera lo son, lo cual ilumina rutas de acción más efectivas. A continuación, se detalla cómo incorporar el IPM en el ciclo de gestión pública, paso a paso, para traducir estos beneficios en práctica.
4. Uso del IPM en la gestión pública: paso a paso
Implementar el Índice de Pobreza Multidimensional en la gestión pública implica integrarlo en el ciclo de políticas, desde la identificación del problema hasta la evaluación de resultados. A continuación se describen los pasos clave.
1. Medición y diagnóstico de la pobreza multidimensional. El punto de partida es la recolección de datos pertinentes (en el caso de Uruguay, la Encuesta Continua de Hogares del INE) y el cálculo del IPM de forma periódica (anualmente, según se ha establecido). Los resultados del IPM brindan un diagnóstico detallado: cuántas personas y hogares están en pobreza multidimensional y en cuáles indicadores específicos sufren carencias. Este diagnóstico inicial permite cuantificar la magnitud del problema y mapear sus características. Por ejemplo, el primer IPM de Uruguay reveló que casi una quinta parte de la población está privada en cuatro o más aspectos básicos de vida. Asimismo, mostró brechas geográficas importantes (21,4% de pobreza multidimensional en el interior del país vs. 15,1% en Montevideo), evidenciando que el fenómeno tiene una distribución desigual. Esta información responde al “quién, dónde y cómo” de la pobreza, insumo fundamental para la planificación.
2. Análisis y desagregación de resultados. Con el IPM calculado, el siguiente paso es analizar en profundidad sus componentes. Gracias a la metodología Alkire-Foster adoptada por OPHI, el IPM se puede descomponer por dimensiones, por indicadores e incluso por subpoblaciones o regiones. Así, el gestor público puede responder preguntas como: ¿Qué privaciones contribuyen más a la pobreza multidimensional en Uruguay?; ¿Qué porcentaje del IPM se explica por carencias educativas, o de vivienda, etc.?; ¿Qué grupos poblacionales presentan mayor incidencia de pobreza multidimensional (hogares con niños, con jefatura femenina, minorías, etc.)?. Este análisis permite identificar patrones y grupos vulnerables específicos. Por ejemplo, los datos del IPM Uruguay 2024 indican que las carencias en educación afectan al 17,5% de la población (hogares donde al menos un adulto no alcanzó años de escolaridad básicos), las privaciones relacionadas al empleo (informalidad laboral) afectan al 13,5%, problemas de vivienda (materiales deficientes) al 11,7% de los hogares y el hacinamiento al 9%, mientras que también se registran dificultades en servicios básicos del hogar (conectividad) en una proporción significativa, 9%. Estos datos desagregados señalan cuáles son las necesidades más apremiantes en cada dimensión.
3. Identificación de prioridades y focalización: Con la radiografía detallada de privaciones en mano, las autoridades pueden establecer prioridades claras. Se trata de decidir qué brechas cerrar primero y en dónde. Por ejemplo, si el diagnóstico muestra que la privación con mayor incidencia entre los pobres multidimensionales es la falta de acceso a saneamiento, entonces la expansión del saneamiento básico se vuelve prioritaria. Si la región norte del país presenta sistemáticamente peores indicadores de vivienda y educación, puede definirse como zona prioritaria de atención. En este paso es útil elaborar mapas de pobreza multidimensional y de intensidad de privaciones, para visualizar territorialmente los focos rojos. Países como Colombia han utilizado mapas de IPM a nivel de manzana o municipio para identificar población más vulnerable y dirigir allí la acción gubernamental (por ejemplo, durante la pandemia COVID-19 se desarrolló en Colombia un “mapa multirriesgo” combinando el IPM censal con datos georreferenciados, para orientar la respuesta de emergencia hacia los más necesitados). Del mismo modo, Uruguay puede focalizar ciertas intervenciones (educativas, habitacionales, etc.) en localidades del interior del país donde el IPM mostró mayor incidencia. En esta etapa, el IPM funciona como criterio de focalización objetivo, trascendiendo aproximaciones tradicionales que podían basarse solo en ingresos o en estratos socioeconómicos.
4. Formulación de políticas públicas integrales y asignación de responsabilidades. Identificadas las prioridades, corresponde diseñar o ajustar las políticas y programas públicos para abordar las privaciones detectadas. Aquí el IPM actúa como guía para la formulación: cada dimensión/carencia señalada sugiere la necesidad de una intervención específica. Por ejemplo, frente a altas privaciones educativas, se podría reforzar un programa de terminación de ciclos educativos para adultos o de apoyo a la retención escolar; si la carencia común es en protección social, quizás crear un esquema para ampliar la cobertura de seguridad social a trabajadores informales, etc. Es crucial en este paso asignar claramente las responsabilidades institucionales: ¿qué organismo se encargará de cada línea de acción? Puesto que el IPM abarca sectores diversos, conviene articular una respuesta multisectorial. Una buena práctica es vincular cada indicador del IPM con las instituciones gubernamentales competentes en él. Costa Rica, por ejemplo, implementó un “tablero de gerencia social” donde cada indicador del IPM nacional está asociado a una institución encargada de mejorarlo (Ministerio de Educación para indicadores educativos, Ministerio de Vivienda para los de vivienda, etc.). De igual forma, Uruguay puede conformar mesas de trabajo interinstitucionales: por ejemplo, que Presidencia coordine con Economía, Desarrollo Social, ANEP, Vivienda, Trabajo y otros, un plan integral para hogares en pobreza multidimensional. El IPM facilita esto porque deja en evidencia qué agencia debe involucrarse; de hecho, la definición misma de las variables del IPM suele alinearse con aspectos de la política social bajo responsabilidad de distintos organismos. Esta alineación garantiza que, una vez formuladas las políticas, haya un actor encargado por cada privación a resolver, lo cual mejora la rendición de cuentas.
5. Asignación presupuestal informada por el IPM. Una vez definidas las acciones, es necesario apoyarlas con recursos. El IPM proporciona criterios técnicos para una asignación presupuestal más equitativa y eficaz, orientada por la evidencia. Por ejemplo, podrían destinarse mayores recursos a departamentos o municipios con mayor incidencia de pobreza multidimensional, o incrementar la inversión en aquellas dimensiones con mayores brechas. Algunos países han institucionalizado esto: Costa Rica creó una comisión interinstitucional para incorporar el IPM como variable oficial en la asignación de recursos y monitoreo de programas sociales. En México, los datos de pobreza multidimensional producidos por CONEVAL se utilizan para determinar la distribución de ciertos fondos federales a estados y municipios, de modo que las zonas más pobres reciban más recursos para infraestructura social (criterio de compensación). Uruguay podría adoptar mecanismos similares, asegurando que el presupuesto nacional y transferencias a los departamentos “siga al IPM”, es decir, que las partidas reflejen las necesidades identificadas por el índice.
6. Implementación coordinada y gestión intersectorial. Con políticas diseñadas y financiadas, se pasa a la ejecución, donde nuevamente el IPM puede jugar un rol en la gestión diaria. Dado que combatir la pobreza multidimensional requiere intervenciones integrales, la implementación debe ser coordinada entre sectores. Podrían establecerse mesas de coordinación (como hizo Colombia con su Mesa Transversal de Pobreza y Desigualdad tras lanzar el IPM) en las que participen regularmente los ministerios y agencias involucrados, supervisando el avance en cada indicador del IPM. Este espacio asegura que, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda conozca lo que hace MIDES o ANEP en una comunidad objetivo, evitando duplicaciones y aprovechando sinergias. Además, es recomendable desarrollar sistemas de información compartidos, como tableros de control, donde se vayan actualizando los logros: p. ej., ¿cuántas viviendas precarias fueron mejoradas este año en las zonas objetivo? ¿Cuántos jóvenes de hogares pobres multidimensionales completaron educación secundaria? Así, el IPM fomenta una gobernanza más integrada, rompiendo silos sectoriales.
7. Monitoreo, evaluación y retroalimentación de políticas: Finalmente, el ciclo cierra con la evaluación. El IPM debe publicarse periódicamente (Uruguay prevé hacerlo de forma anual) y analizarse nuevamente para medir los resultados de las políticas implementadas. Si las intervenciones fueron efectivas, debería observarse una reducción en la tasa de pobreza multidimensional y/o en la intensidad promedio de las privaciones. Es posible también evaluar impacto por dimensión: por ejemplo, si se ejecutó un plan intensivo de empleo, cabría esperar una disminución en la proporción de gente con privaciones de empleo dentro del IPM. Asimismo, la comparación entre subgrupos o regiones tras la política permite ver dónde hubo más avances y dónde persisten rezagos. Todo esto constituye una valiosa retroalimentación: con base en ella, se pueden ajustar las políticas (ampliar las que funcionaron, rediseñar las menos efectivas). Las mesas interinstitucionales antes mencionados juegan aquí un rol clave en dar seguimiento a cada indicador hacia las metas propuestas. Por ejemplo, Colombia integró metas de reducción del IPM en sus Planes Nacionales de Desarrollo y hacía seguimiento anual; en parte al menos gracias a ello, logró reducir su pobreza multidimensional de 19.6% (2018) a 11,5% en 2024. Este tipo de seguimiento estructurado garantiza sostenibilidad en los esfuerzos y mantiene el IPM como referencia constante de éxito (similar a como la inflación o el desempleo se monitorean regularmente, ahora la pobreza en todas sus dimensiones se vigila de forma continua).
En resumen, integrar el IPM en la gestión pública implica un proceso cíclico: medir, identificar privaciones, priorizar, actuar de forma focalizada y coordinada, y volver a medir para evaluar. Es un proceso de mejora continua, apoyado en datos objetivos, que permite “mirar más profundo” en la realidad de la pobreza y, por ende, afinar las decisiones para erradicarla.
5. Aplicación del IPM en sectores clave: educación, vivienda, empleo y protección social
Una de las fortalezas del IPM es que vincula la información estadística con sectores concretos de política pública. A continuación se ilustra cómo el IPM puede orientar decisiones en algunos sectores clave.
Educación. Las privaciones educativas capturadas en el IPM (por ejemplo, hogares donde adultos no culminaron educación básica o niños que no asisten a la escuela) señalan desafíos directos para la política educativa. En Uruguay, el IPM mostró que 17,5% de la población vive en hogares que son pobres multidimensionales y con carencias en años de escolarización. Esto sugiere la necesidad de programas de culminación educativa para adultos, expansión de segundas oportunidades y reforzar estrategias de prevención de la deserción escolar en poblaciones vulnerables. Si ciertos departamentos presentan mayor rezago educativo, el gobierno puede priorizar la instalación de centros educativos de jóvenes y adultos allí, o enviar recursos adicionales (más becas, docentes de apoyo) a escuelas en contextos críticos. Asimismo, el IPM permite monitorear resultados en este sector: una mejora en el indicador educativo (menos hogares con rezago escolar) reflejaría el éxito de dichas políticas.
Vivienda y servicios básicos. Las dimensiones de vivienda y servicios básicos son típicamente parte del IPM e informan a las políticas habitacionales y de infraestructura. En Uruguay, 11,7% de las personas vivían en hogares que presentaban problemas estructurales o materiales en su vivienda, y 9% padecían hacinamiento según el IPM (y eran además pobres multidimensionales). Además, se identificaron deficiencias en acceso a servicios básicos del hogar como saneamiento o conectividad a internet. Estas cifras orientan directamente al Ministerio de Vivienda, a OSE y a ANTEL: indican, por ejemplo, la pertinencia de programas de mejora de vivienda (reparación de techos, pisos, aislamiento) dirigidos a hogares pobres multidimensionales, así como la construcción de viviendas nuevas para aliviar el hacinamiento. De igual modo, marcan la prioridad de invertir en infraestructuras básicas – ampliar redes de saneamiento en localidades donde falten e iniciativas para llevar conectividad digital a comunidades marginadas. Gracias al IPM, estas inversiones pueden focalizarse con precisión: se sabe qué localidades presentan mayor porcentaje de viviendas carenciadas o sin servicios, optimizando así el impacto. Al monitorear el IPM, una reducción en los indicadores de vivienda y servicios básicos confirmará que las intervenciones en este sector están dando frutos.
Empleo. La dimensión de empleo dentro del IPM generalmente capta situaciones de exclusión o precariedad laboral en los hogares (desempleo de larga duración, trabajos informales sin protección social, subempleo con pocas horas, etc.). En Uruguay, un 13,5 % de la población se encuentra en hogares pobres donde al menos un integrante sufre condiciones de informalidad laboral, además de otros con desempleo y subempleo. Esto proporciona evidencia para que el Ministerio de Trabajo, el INEFOP y el Ministerio de Desarrollo Social enfoquen políticas de inserción laboral en estos hogares. Por ejemplo, se pueden diseñar programas de capacitación y reconversión laboral dirigidos a personas multidimensionalmente pobres, iniciativas de empleo protegido o subsidiado (como empleos temporales en obras comunitarias) en regiones con mucho desempleo, o incentivos a empresas para formalizar trabajadores actualmente informales. También sugiere fortalecer las oficinas de empleo locales para acercar ofertas de trabajo a poblaciones vulnerables. Al evaluar con el IPM, si la proporción de hogares con privaciones de empleo disminuye con el tiempo, será un indicador de éxito en este frente. Cabe destacar que la articulación con protección social es esencial: muchas veces, la falta de empleo adecuado se asocia a ausencia de seguridad social, por lo cual las soluciones deben ser integrales (ver siguiente punto).
Protección social. El IPM incluye una dimensión de protección social, que en el caso de Uruguay examina aspectos como la falta de acceso a sistemas de seguridad social o protección básica. Aun cuando Uruguay tiene coberturas amplias en seguridad social, el IPM permite identificar bolsones de población fuera de la cobertura (por ejemplo, trabajadores informales sin cotización). En países como México y Colombia, la carencia de acceso a la seguridad social suele ser la privación más extendida entre los pobres. Para políticas sociales, estos hallazgos impulsan medidas como ampliar los programas de transferencias condicionadas o no condicionadas hacia hogares que el IPM identifica sin apoyos, crear esquemas de seguro para trabajadores independientes (monotributo, etc.), o extender pensiones no contributivas a adultos mayores que carecen de jubilación. El IPM, al mostrar quiénes carecen de protección, guía a instituciones como el Ministerio de Desarrollo Social o el BPS para no dejar a nadie atrás en la red de seguridad. Además, la combinación de indicadores de empleo y protección social en el IPM refuerza la idea de intervenciones conjuntas: por ejemplo, un plan que formalice empleo doméstico puede simultáneamente garantizar seguridad social a esas trabajadoras, atacando dos privaciones a la vez. En la medición, se vería reflejado en mejoras tanto del indicador de empleo como del de protección social.
En todos estos sectores, el enfoque integrado es clave. Las privaciones medidas por el IPM no actúan de forma aislada: suelen interrelacionarse (un hogar sin empleo probablemente también carece de seguridad social; una vivienda hacinada puede incidir en la salud o educación de sus miembros, etc.). Por eso, el IPM orienta decisiones de manera transversal, promoviendo políticas coordinadas. Un ejemplo de política integrada podría ser un programa territorial de erradicación de la pobreza multidimensional en cierta localidad o zona de la ciudad (asentamientos por ejemplo), que incluya a la vez mejoras de vivienda, dotación de agua potable, capacitación laboral, apoyo educativo y extensión de cobertura de salud para los habitantes identificados como pobres multidimensionales. Este abordaje integral, facilitado por la visión amplia del IPM, aumenta la probabilidad de romper el ciclo de pobreza de esas familias, ya que atiende múltiples carencias simultáneamente.
6. Buenas prácticas y lecciones aprendidas
Soporte legal e institucional. La institucionalización del IPM es clave. México cimentó su medición en una ley y creó un organismo especializado (CONEVAL), asegurando continuidad técnica y uso obligatorio de los resultados. Colombia y Costa Rica establecieron comités técnicos y altos responsables políticos para el IPM. Uruguay ya ha dado pasos en este sentido al desarrollar su IPM bajo liderazgo del INE. Mantener y fortalecer esa estructura (por ejemplo, formalizar un Consejo Nacional de Pobreza Multidimensional con ministerios) garantizará que el IPM permanezca como política de Estado y no dependa de voluntades administrativas pasajeras.
Vinculación con la planificación y presupuesto. Un IPM solo será útil si “sale del papel”. Las buenas prácticas indican la importancia de alinear el IPM con la planificación nacional (metas en estrategias de desarrollo, ODS, etc.) y con los sistemas presupuestarios. Costa Rica integró el IPM a su tablero de control gubernamental y procesos presupuestarios; Colombia lo incorporó en sus planes plurianuales. Uruguay podría a futuro, por ejemplo, incluir metas de reducción del IPM en algún tipo de plan o en el presupuesto quinquenal, lo que obligaría a los organismos a actuar en consecuencia y permitiría medir logros al final del período.
Desagregación y enfoque territorial. Las experiencias muestran la utilidad de llevar el IPM a niveles locales. México produce índices de pobreza hasta nivel municipal, Chile estimaciones comunales, y Colombia incluso mapas censales. Esto permite a los gobiernos subnacionales (intendencias, municipios) tomar decisiones informadas. Uruguay, con su tradición de fuertes gobiernos departamentales, podría calcular el IPM por departamento para orientar políticas territoriales más precisas. Adicionalmente, desagregar el IPM por grupos (infancia, juventud, género, minorías étnicas) – como hizo Colombia con un IPM de Niñez – puede visibilizar problemáticas particulares (por ejemplo, pobreza multidimensional infantil) y generar respuestas específicas.
Comunicación y participación. Un aspecto importante es comunicar los hallazgos del IPM de forma comprensible al público y a los tomadores de decisión de todos los niveles. Uruguay debería continuar esta práctica de transparencia: presentar el informe de pobreza multidimensional cada año, explicando en lenguaje sencillo qué significa que cierto porcentaje esté privado en tal o cual indicador, de modo que tanto la ciudadanía como los legisladores entiendan las prioridades. Asimismo, involucrar a la academia, sociedad civil y gobiernos locales en la discusión de resultados puede generar colaboración más amplia en las soluciones (por ejemplo, municipios diseñando proyectos con ONGs para mejorar indicadores locales del IPM).
Actualización metodológica y calidad de datos. OPHI recomienda que los IPM nacionales se construyan con rigor metodológico, asegurando su robustez estadística y comparabilidad en el tiempo. Las experiencias sugieren revisar periódicamente la selección de indicadores y umbrales para que sigan reflejando la realidad. Uruguay tomó en cuenta investigaciones y consultas técnicas en la construcción de su IPM; mantener esa apertura a mejoras será positivo. Igualmente, es crucial invertir en la calidad de la encuesta continua de hogares u otras fuentes de datos, ya que de ellas depende la precisión del IPM. La continuidad temporal (usar la misma encuesta ECH cada año) permitirá medir tendencias fiables, mientras que explorar encuestas específicas o módulos adicionales podría ampliar el análisis (ej. agregar preguntas de calidad de entorno, seguridad alimentaria, etc.).
En conclusión, el Índice de Pobreza Multidimensional de Uruguay se perfila como un instrumento poderoso para orientar la acción pública. Alineado con las recomendaciones metodológicas de OPHI y las mejores prácticas internacionales, el IPM aporta una visión integral de la pobreza que trasciende la medición monetaria tradicional, permitiendo identificar con claridad las diversas carencias que padecen los uruguayos más vulnerables. Usado apropiadamente, el IPM ayudará a los tomadores de decisiones a asignar recursos donde más se necesitan, priorizar programas que aborden efectivamente las privaciones críticas y hacer seguimiento riguroso de los resultados obtenidos. En otras palabras, incorpora evidencia al corazón del ciclo de políticas públicas, promoviendo intervenciones basadas en datos y centradas en las personas. Uruguay, al adoptar esta herramienta, fortalece su capacidad para “mirar hacia muchos lugares” de la realidad social y actuar de forma estratégica, coordinada y sostenible para reducir la pobreza en todas sus dimensiones. De este modo, el IPM no solo mide la pobreza de manera más completa, sino que se convierte en una brújula que orienta al Estado en el camino hacia el desarrollo inclusivo y la mejora de la calidad de vida de toda la población.