Uruguay ha logrado importantes avances en el monitoreo del mercado laboral, pero los últimos
informes del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que la estabilidad en los
promedios esconde realidades de exclusión persistente. Según el informe Informalidad y
Subutilización de la Fuerza de Trabajo (INE, 2024), casi uno de cada cinco uruguayos en edad
activa se encuentra subutilizado, ya sea por desempleo, subempleo por horas o pertenencia a la
fuerza de trabajo potencial. Y algo más de uno de cada cinco ocupados trabaja en la
informalidad.
Un mercado fragmentado
Aunque la tasa de desempleo se mantuvo en 8,2% en el año 2024, la subutilización laboral
compuesta (SU4) (personas que están en desempleo, subempleo por horas o pertenencen a la
fuerza de trabajo potencial) alcanzó el 18%. Las cifras son especialmente preocupantes entre los
más jóvenes (de 14 a 24 años), donde alcanza casi el 40%, y entre las mujeres, quienes enfrentan
tasas más elevadas en todos los indicadores. Los problemas de subutilización son más graves en
el interior que en Montevideo. El nivel educativo está altamente correlacionado con la
subutilización laboral. En los niveles educativos más bajos la subutilización es mayor, entre
aquellos con ciclo básico incompleto y menos SU4 es tres veces mayor (22.8%) que entre
aquellos trabajadores con educación terciaria completa (8.1%).
La informalidad, por su parte, afecta al 22,7% de los ocupados, con picos superiores al 40% en
departamentos como Artigas o Cerro Largo. El fenómeno no se limita a los trabajadores por
cuenta propia (60,9% de informalidad), sino que también alcanza a asalariados en condiciones
irregulares y contratistas dependientes, revelando formas encubiertas de subordinación laboral.
Este panorama fragmentado tiene consecuencias económicas directas —menores ingresos, mayor inestabilidad, escasa protección social— pero también implica privaciones estructurales que inciden directamente en la pobreza multidimensional.
Cuando el trabajo no saca de la pobreza
El reciente informe metodológico del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 2024 del INE
aporta luz sobre cómo estas condiciones laborales se traducen en pobreza. La dimensión Empleo
del IPM incluye tres indicadores: desempleo, informalidad y subempleo por horas. Un hogar es
considerado pobre multidimensional cuando acumula suficientes privaciones (4 o más
indicadores de los 15 que componen el IPM no alcanzan a niveles mínimos).
Este vínculo es contundente: el informe revela que la dimensión empleo explica el 27% al
IPM, ubicándose como la más incidente, por encima de las dimensiones educación, vivienda,
servicios básicos y protección social. Más aún, el mercado laboral —en su dimensión más
precaria, la informalidad— es uno de los principales factores que determinan quién es pobre hoy
en Uruguay, junto con la insuficiencia de años de educación y la precariedad de la vivienda.
En hogares donde hay desocupación, la probabilidad de pobreza multidimensional se multiplica.
Pero incluso cuando hay empleo, si este es informal o de muy baja intensidad horaria, la
exclusión persiste. La medición del IPM permite visibilizar que el acceso al trabajo no es
necesariamente garantía de integración, y que no cualquier trabajo es un camino efectivo
para salir de la pobreza.
Más y mejores estadísticas para mejores políticas
La inclusión del empleo como dimensión clave del IPM representa un cambio de enfoque a la
hora de evaluar las políticas públicas. A los efectos de la pobreza multidimensional ya no se trata
solo de generar puestos de trabajo, sino de promover trabajo decente, con derechos, estabilidad
y cobertura social. Esto implica atacar la informalidad, reducir la subocupación y ampliar la
cobertura de seguridad social.
También supone un desafío institucional: coordinar políticas de empleo con políticas de
protección social, educativas y territoriales. En zonas donde la informalidad supera el 40%, como
en el norte del país, la pobreza multidimensional es inevitable si no se abordan de forma
simultánea el empleo, la educación y la vivienda.
Los avances estadísticos presentados por el INE, tanto en el informe de informalidad como en el
IPM, son herramientas fundamentales para entender esta complejidad. Pero el dato no basta: se
necesita voluntad política para traducir el diagnóstico en acción. Porque si algo ha quedado claro
es que la pobreza no es solo una cuestión de ingresos, sino de derechos laborales y
oportunidades estructurales.