Los indicadores del IPM pueden interpretarse como un tablero de control integral para la política pública, ofreciendo una visión multidimensional de la pobreza y permitiendo un monitoreo preciso del impacto de las intervenciones. Cada indicador funciona como una señal que refleja el estado de una dimensión específica del bienestar, permitiendo a los tomadores de decisiones identificar áreas críticas que requieren atención inmediata. La información desagregada por diferentes variables (región, sexo, edad, ascendencia étnico-racial, etc.) proporciona una imagen detallada de las inequidades y permite una focalización precisa de recursos y acciones. La evolución de estos indicadores a lo largo del tiempo proporciona un valioso seguimiento del progreso en la reducción de la pobreza multidimensional, permitiendo realizar ajustes a las políticas y estrategias según sea necesario. De esta manera, el IPM no solo sirve para medir la pobreza, sino que también funciona como una herramienta estratégica para la gestión pública, la planificación y la evaluación de políticas orientadas a mejorar el bienestar de la población.
La dimensión vivienda explica el 25,5% del índice de pobreza multidimensional de Uruguay, es decir, un cuarto del mismo. Esta dimensión del IPM incluye tres indicadores. Hacinamiento, que mide el número de personas por habitación destinada para dormir (tres o más es definido como hacinamiento). Tenencia Insegura, que identifica hogares con una situación de tenencia precaria o insegura de su vivienda (sin título de propiedad, ocupación ilegal, etc.). Materiales de Mala Calidad, que capta las carencias en los materiales de construcción de la vivienda (techos, paredes, pisos, etc.), indicando una infraestructura precaria y condiciones habitacionales deficientes.
Una incidencia alta de estos indicadores sugiere una falta de espacio habitable adecuado y seguro, lo que puede afectar negativamente la salud, la educación y el desarrollo de los individuos y la estabilidad y bienestar del hogar.
Veamos los datos referidos a cada uno de los tres indicadores de la dimensión vivienda del IPM 2024.
Materiales de mala calidad: La incidencia (en personas) de hogares con deficiencias en los materiales de construcción de su vivienda y que son pobres multidimensionales es de 11.2% a nivel nacional. La incidencia es considerablemente mayor en la población Afro/Negra (23.9%). Este indicador explica el 11,7% del IPM.
Hacinamiento: A nivel nacional, 8.6% de las personas viven en hogares que sufren hacinamiento (tres o más personas por dormitorio) y son pobres multidimensionales. La incidencia es superior en el Interior (9.3%) que en Montevideo (7.5%). La incidencia es considerablemente mayor en la población Afro/Negra (17.4%). El indicador explica el 9% del IPM.
Tenencia Insegura: El porcentaje de personas que viven en hogares con tenencia insegura de su vivienda y que son pobres multidimensionales es del 4.6% a nivel nacional, con mayor incidencia en el interior (6.4%) frente a Montevideo (3.9%). La incidencia es considerablemente mayor en la población Afro/Negra (11.9%). El indicador explica el 4,8% del IPM.
Políticas de vivienda: parte del menú
Renovación de viviendas existentes: Implementar programas de renovación de viviendas precarias, incluyendo la ampliación o mejora de las estructuras existentes para disminuir el hacinamiento.
Subsidios para la mejora de la vivienda: Otorgar subsidios a los hogares para la mejora de la calidad de sus viviendas, incluyendo la reparación o reemplazo de materiales de construcción deficientes.
Promoción de materiales de construcción de calidad: Incentivar el uso de materiales de construcción de calidad y durables, ofreciendo acceso a préstamos y capacitación técnica.
Estándares de construcción: Implementar y hacer cumplir estándares mínimos de construcción de viviendas, asegurándose de la calidad de los materiales y las técnicas constructivas para reducir el riesgo de derrumbe o inundaciones.
Capacitación a constructores: Realizar campañas de capacitación a constructores para promover el uso de técnicas y materiales de construcción adecuados y seguros.
Construcción de viviendas sociales (regularización de asentamientos, MEVIR, etc.): Aumentar la inversión en la construcción de viviendas sociales de calidad, adaptadas a las necesidades de la población y con tamaños adecuados que permitan habitabilidad digna.
Acceso a financiamiento para la vivienda: Facilitar el acceso a créditos hipotecarios y otras formas de financiamiento para la adquisición de vivienda a familias con bajos ingresos.
Regularización de la tenencia de la tierra: Implementar programas de regularización de la tenencia de la tierra para asegurar la propiedad de las viviendas y la protección legal de los habitantes.
Planificación urbana: Promover la planificación urbana que tome en cuenta la densidad poblacional y la necesidad de espacio habitable adecuado. Controlar y regular la construcción de viviendas en áreas vulnerables o con alta densidad.
Consideraciones Finales
La efectividad de estas políticas dependerá de la implementación adecuada y de la disponibilidad de recursos. Es fundamental coordinar acciones entre diferentes ministerios (Vivienda, Desarrollo Social, Economía y Finanzas, etc.) y otras instituciones como MEVIR para lograr resultados óptimos. Es fundamental considerar la interconexión entre los indicadores. Por ejemplo, la mala calidad de los materiales puede exacerbar los problemas de hacinamiento y contribuir a la inseguridad en la tenencia. Las políticas deben abordar estos problemas de forma integral y elegir los instrumentos más costo-efectivos. Es crucial implementar mecanismos para el monitoreo y la evaluación del impacto de las políticas de vivienda, ajustándolas según sea necesario. A este fin, el involucramiento de los beneficiarios es también importante. Además, se debe tener en cuenta la heterogeneidad de las situaciones de pobreza y la necesidad de adaptar las políticas al contexto específico de cada zona y grupo poblacional. Finalmente, hay que considerar un análisis de la intensidad de estas privaciones; es decir, el grado en que los hogares se ven afectados por cada una de estas situaciones para la óptima asignación de recursos.